La tensión ambiental vuelve a escalar en Yucatán. La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) reforzó sus acciones legales tras detectar nuevas irregularidades en un predio del municipio de Kinchil, donde, pese a una clausura vigente, continuaron trabajos con maquinaria pesada en terrenos deforestados de manera ilegal.
Las denuncias de habitantes de comunidades cercanas activaron visitas de seguimiento que revelaron un patrón de incumplimiento a las medidas impuestas por la autoridad ambiental. La gravedad de los hechos llevó a la Profepa a ampliar la denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR), al considerar que hubo una violación reiterada a los sellos de clausura y a los bienes asegurados.
Este caso ha generado atención a nivel estatal y nacional, no solo por la magnitud del daño ambiental, sino por el desafío abierto a las disposiciones legales en materia de protección forestal. Las autoridades federales advirtieron que continuarán con el proceso legal hasta garantizar el cumplimiento de la ley y la reparación del daño ecológico.
Detectan trabajos pese a clausura por deforestación ilegal
Durante una visita de verificación realizada el 9 de enero de 2026, personal de la Profepa confirmó que la clausura total temporal impuesta desde noviembre de 2025 no fue respetada. En el sitio se detectaron trabajos activos de preparación del terreno, realizados con maquinaria pesada, a pesar de que el predio fue sancionado por el cambio de uso de suelo forestal sin autorización.
La afectación ambiental documentada alcanza aproximadamente 13.7 hectáreas de vegetación forestal natural, removida en su totalidad. De acuerdo con la autoridad ambiental, estas acciones se habrían llevado a cabo para acondicionar el terreno con miras a la construcción de vialidades y naves industriales vinculadas a actividades avícolas.
Maquinaria asegurada y ampliación de la denuncia penal
Como parte de las medidas de seguridad, la Profepa aseguró de manera precautoria una retroexcavadora y un bulldozer utilizados para nivelar y remover el suelo. Sin embargo, en una segunda inspección realizada el 12 de enero, se constató que los sellos de aseguramiento habían sido retirados y que una de las máquinas ya no se encontraba en el lugar.
Además, el personal presente en el predio se negó a recibir la orden de verificación, lo que agravó la situación jurídica. Ante estos hechos, considerados como un incumplimiento grave y reiterado, la Profepa reinstaló los sellos y, un día después, presentó una ampliación de la denuncia penal ante la FGR.
La dependencia federal informó que dará seguimiento puntual al caso en coordinación con la Fiscalía, y reiteró su compromiso de atender las denuncias ciudadanas, proteger los ecosistemas y asegurar que las sanciones ambientales se respeten en todo el territorio. Este caso en Kinchil se perfila como un precedente clave en la aplicación de la ley contra la deforestación ilegal en Yucatán.