El arranque de 2026 llega con una advertencia importante para contribuyentes en México: no todas las omisiones fiscales se resuelven con multas. El Servicio de Administración Tributaria (SAT) cuenta con facultades legales para iniciar procesos penales cuando detecta conductas que afectan directamente al fisco.
Aunque es común pensar que los problemas con el SAT solo generan recargos o sanciones económicas, la legislación fiscal contempla penas de prisión que pueden comenzar desde tres meses de cárcel, dependiendo de la gravedad de la falta y del monto involucrado.
Por esta razón, conocer qué acciones pueden convertir un incumplimiento en un delito fiscal es clave para evitar problemas legales durante 2026. Estas son las faltas que el SAT considera más graves.
¿Cuándo un adeudo fiscal se convierte en delito?
El SAT, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), es la autoridad encargada de recaudar impuestos y vigilar que personas físicas y morales cumplan con sus obligaciones, de acuerdo con el Código Fiscal de la Federación (CFF). En muchos casos, los errores se corrigen mediante requerimientos o multas.
Sin embargo, cuando existe engaño, simulación o aprovechamiento intencional para reducir o evadir el pago de impuestos, la autoridad puede tipificar la conducta como defraudación fiscal, prevista en el artículo 108 del CFF. En estos casos, además de sanciones económicas, se contemplan penas de cárcel.
Estas son las 3 faltas graves por las que el SAT puede encarcelarte
Las siguientes conductas pueden derivar en sanciones penales, dependiendo del monto defraudado y de la reincidencia del contribuyente:
- Declarar ingresos menores a los realmente percibidos, con el objetivo de pagar menos impuestos y reducir la carga fiscal ante el SAT.
- Registrar deducciones falsas o inexistentes, como el uso de facturas simuladas o gastos que no cumplen con los requisitos fiscales.
- Omitir la presentación de la declaración anual por más de 12 meses, aun cuando exista un impuesto a cargo por pagar.
En estos supuestos, si el monto defraudado no supera los 2 millones 236 mil 480 pesos, la pena puede ir de 3 meses a 2 años de prisión. Si la cantidad rebasa ese monto y llega hasta 3 millones 354 mil 710 pesos, la sanción aumenta de dos a cinco años. Cuando el daño supera esa cifra, o no puede determinarse con exactitud, la ley contempla penas que van de tres a nueve años de cárcel, dejando claro que el incumplimiento fiscal en 2026 puede tener consecuencias penales severas.