El sistema de transporte Va y Ven, operado por la Agencia de Transporte de Yucatán (ATY) enfrenta un adeudo financiero de 130 millones de pesos.
El gobernador Joaquín Díaz Mena realiza gestiones ante el Gobierno Federal para obtener recursos extraordinarios y se espera que, en cualquier momento, esta semana, dé un anuncio al respecto.
Autoridades gubernamentales y concesionarios del transporte público de Yucatán conocieron un diagnóstico oficial, según el cual el sistema de movilidad en el servicio de autobuses en la zona metropolitana de Mérida es insostenible: “no cuida el bolsillo ni el tiempo de la ciudadanía y tampoco garantiza la estabilidad financiera necesaria para su mejora a futuro”.
Se informó que la flota supera las 800 unidades y el Ejecutivo estatal paga más de un millón y medio de kilómetros cada mes a un promedio de 800 mil pesos diarios, lo que suma mil 200 millones mensuales, pero sólo se trasladan alrededor de 110 mil personas al día.
“Esto indica que los autobuses operan a una tercera parte de su capacidad y que el estado termina cubriendo recorridos, no traslados efectivos”, destacó el secretario General de Gobierno, Omar Pérez Avilés, acompañado del director de la ATY, Jacinto Sosa Novelo, en representación del mandatario Joaquín Díaz Mena.
Sistema insostenible
El servicio de autobuses en la zona metropolitana de Mérida, donde convergen modernas unidades de Va y Ven, Ie-Tram (de origen francés) y cientos de vetustos camiones, es insostenible porque “no cuida el bolsillo ni el tiempo de la ciudadanía y tampoco garantiza la estabilidad financiera necesaria para su mejora a futuro”.
Pérez Avilés y Sosa Novelo afirmaron que el desequilibrio financiero se origina en una proyección irreal de ingresos propios de la ATY para el ejercicio fiscal 2025, ya que de los 1,711 millones de pesos proyectados por concepto de pasajes, sólo se han recaudado 471 millones, lo que evidencia un cálculo erróneo heredado por la administración anterior (que presidió el entonces gobernador panista y actual senador, Mauricio Vila Dosal). A la fecha, la ATY ha destinado más de 1,300 millones de pesos al sistema de transporte.
Autobuses vacíos
El problema estructural radica en que, aunque un camión viaje casi vacío, se le paga al concesionario por el recorrido. Este modelo privilegia el movimiento de unidades, no de personas, lo que distorsiona los costos, deteriora el servicio y deja desprotegidas a las personas que dependen del transporte público para llegar a su trabajo, la escuela o el hospital –precisaron las autoridades gubernamentales mediante un comunicado.
La consecuencia es clara: miles de familias optan cada año por el automóvil o la motocicleta, duplicando el parque vehicular y casi triplicando el número de motos en la última década, lo que incrementa los accidentes, la contaminación y el tiempo perdido en el tráfico, se informó.
Y ante las versiones que sugerían un posible incumplimiento presupuestal, la ATY presentó documentación que confirmó el pago completo de 834 millones de pesos asignados al sistema para 2025, los cuales fueron transferidos por el Gobierno del Estado, a los concesionarios, antes del 20 de julio. Es decir, se ha cumplido con la aportación anual antes de concluir el mes de julio.
Encierran las unidades
Desde la semana pasada, los concesionarios del transporte público comenzaron a retirar unidades del Va y Ven hasta llegar al 50 por ciento de un total de 492 camiones, sólo de este servicio, implementado con bombo y platillo por el entonces gobernador panista Mauricio Vila (2018-2024). El resto del parque vehicular de transporte compuesto por más de 800 unidades todavía no ha sido retirado.
Para corregir esta situación, se acordó instalar una mesa técnica permanente que elabore un diagnóstico común y revise los datos con total transparencia. La segunda sesión de esta mesa se celebrará el 20 de agosto donde se presentará el panorama financiero completo y se definirá la ruta hacia un rediseño profundo que transforme al transporte público en un servicio moderno, digno y sostenible.
El empresario atribuyó la actual crisis financiera a un mal cálculo en el presupuesto de operación de la ATY, hecho durante la gestión anterior, encabezada por Rafael Hernández Kotasek. “No sé con qué intención se presupuestó mal, pero era evidente que no alcanzaba. El número de autobuses, kilómetros y el costo por kilómetro eran fáciles de calcular”, dijo.
Siguen medidas para ahorrar combustible
Ante la falta de recursos, los concesionarios continúan aplicando medidas de contención, como la suspensión parcial del servicio en horarios de baja demanda. “Es una forma de mantener el servicio mientras se resuelve cómo vamos a transitar. El combustible es nuestro insumo más caro”, de acuerdo con el permisionario del transporte urbano, David Quintal Medina.
Baja recaudación y fallas en sistema de cobro
El empresario también reconoció fallas en la transición tecnológica del sistema de cobro con tarjetas inteligentes, cambio que provocó una baja en la recaudación. “Se firmó un contrato con un nuevo proveedor y el sistema no está funcionando al 100 por ciento. Esto agravó aún más la situación financiera”, afirmó.
Transparencia con documentación financiera
Para respaldar su postura, los concesionarios entregaron a las autoridades documentación detallada de sus operaciones: nóminas, adeudos, pagos al IMSS y cuentas bancarias. “Queremos hablar con transparencia para que también el gobierno hable con verdad. Así generamos confianza para encontrar soluciones”, puntualizó.
Más de 835 unidades movilizan a 400 mil personas al día
Actualmente, los 15 grupos de concesionarios movilizan a cerca de 400 mil usuarios al día, con una flota de 835 autobuses. A pesar de las dificultades, Quintal aseguró que no se contempla sacar unidades de circulación, sino complementarlas con vehículos más económicos y reingeniería de rutas.
“El servicio no es sostenible como está. Se tiene que ajustar el modelo para que la operación sea viable y no se afecte a la ciudadanía”, recalcó.
Tarifa sin subsidio llegaría a $20
Actualmente la tarifa general para el usuario es de $12, aunque en promedio, por descuentos y transbordos, se recauda entre $9.30 y $9.75 por viaje. Sin subsidio, la tarifa real debería ser de hasta $20 pesos, según estimaciones del sector.
En espera del anuncio oficial
Finalmente, Quintal pidió paciencia a la ciudadanía y a sus colegas permisionarios hasta conocer el anuncio del Gobernador. “Pasamos de no tener nada a tener una esperanza. Esperemos a tener claridad para decidir si seguimos como hasta ahora o si hay necesidad de nuevas medidas”.