La tranquilidad de una de las zonas más exclusivas del norte de Mérida se vio interrumpida la mañana del martes, cuando fuerzas federales desplegaron un cateo en una residencia de Temozón Norte. El operativo, encabezado por la Fiscalía General de la República (FGR), forma parte de una investigación nacional sobre presuntas actividades de lavado de dinero vinculadas al crimen organizado.
Durante la intervención, que incluyó la participación del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Secretaría de Marina y la SSPC, se aseguró una serie de artículos de alto valor, entre ellos 14 vehículos de lujo. Este hecho marca un precedente en materia de seguridad para el estado, tradicionalmente reconocido por su bajo índice delictivo.
Aunque Yucatán suele mantenerse al margen de hechos relacionados con la delincuencia organizada, este cateo confirma que el estado no está completamente exento de estas redes delictivas. La operación refuerza los esfuerzos del gobierno federal por desarticular estructuras criminales de alto nivel que operan en distintas regiones del país.
La casa asegurada: propiedad de la viuda de un empresario ejecutado en 2024
El domicilio intervenido se ubica sobre la calle 38 con 79 de Temozón Norte, una zona residencial de alta plusvalía en Mérida. Según trascendió, la residencia pertenece a Maricela Hernández Molina, viuda de José Ángel Dávila Bernal, empresario regiomontano del sector automotriz asesinado en septiembre de 2024.
Dávila Bernal era conocido en la capital yucateca por operar un lote de autos deportivos frente a Plaza The Harbor. Tras su muerte, comenzaron a circular versiones sobre su posible vínculo con operaciones ilícitas, incluyendo lavado de dinero, lo que habría originado el seguimiento por parte de autoridades federales.
¿Qué objetos fueron decomisados durante el cateo?
En el operativo, las autoridades federales aseguraron una importante cantidad de bienes que ahora forman parte de una investigación abierta. Entre lo decomisado se encuentran 14 vehículos de lujo, cuatro laptops, dos tablets, tres memorias USB, una terminal de cobro y diez teléfonos celulares.
Hasta ahora, la FGR no ha emitido una postura oficial detallada sobre el caso; sin embargo, fuentes cercanas indican que el expediente se encuentra radicado en Cancún, Quintana Roo, y forma parte de una investigación mayor contra redes del crimen organizado que operan en el sureste mexicano. La presencia de fuerzas de seguridad en Yucatán demuestra que los operativos federales continúan su expansión en busca de frenar estos delitos de alto impacto.