El estado de Yucatán ha sido señalado como un referente nacional en la tipificación y sanción del feminicidio, gracias a un marco legal que contempla castigos severos y mecanismos para garantizar justicia a las víctimas. Este reconocimiento surge en un contexto nacional donde se busca reforzar las penas contra este delito.
De acuerdo con autoridades judiciales, la legislación estatal se encuentra alineada con los planteamientos impulsados por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien ha promovido el endurecimiento de sanciones en todo el país para combatir la violencia de género.
Desde hace más de una década, Yucatán incorporó el feminicidio en su Código Penal, lo que ha permitido establecer criterios claros para su persecución y castigo, posicionando a la entidad como un modelo en materia jurídica.
¿Cuáles son las penas por feminicidio en Yucatán?
El marco legal vigente establece que el delito de feminicidio puede ser castigado con penas que van de los 32 a los 45 años de prisión. Sin embargo, estas sanciones pueden incrementarse dependiendo de las circunstancias del caso y la relación entre la víctima y el agresor.
Las autoridades explican que el objetivo de estas agravantes es castigar con mayor severidad aquellos casos donde existe abuso de confianza, cercanía o vulnerabilidad, como ocurre en relaciones familiares, sentimentales o laborales.
Entre los principales criterios y sanciones que contempla la ley destacan:
- Pena base de 32 a 45 años de prisión por feminicidio
- Hasta 65 años de cárcel cuando existe parentesco, relación sentimental, laboral o de confianza
- Hasta 60 años de prisión si la víctima es menor de edad
- Sanciones por tentativa de feminicidio, que pueden alcanzar hasta dos terceras partes de la pena máxima
- Obligación de reparación del daño a las víctimas indirectas
- Inhabilitación para ejercer cargos públicos si el agresor es servidor público
Este conjunto de disposiciones busca no solo castigar el delito, sino también garantizar justicia integral para las víctimas y sus familias, fortaleciendo la respuesta institucional ante la violencia feminicida.